STOP AL INTRUSISMO SANITARIO

Condena penal por intrusismo a dos falsos médicos.

25-04-2014 - www.diariomedico.com

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Los impostores cometieron los delitos, además, de falsedad documental y atentado contra la salud pública.

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Las resoluciones judiciales fueron notificadas el 18 de febrero y el 14 de marzo de este año, pero los hechos juzgados ocurrieron entre 2006 y 2008, en el primer caso, y en 2002, en el último. Los falsos médicos juzgados y condenados tenían consulta en Majadahonda y en el centro de Madrid. Son dos casos conectados porque el colegio de médicos de la comunidad se presentó en ambos como acusación particular.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid ha dictado sentencia sobre un falso médico con consulta en Majadahonda y su colaborador, encargado de la tramitación de la documentación falsa. La sentencia condena por un delito de falsedad de documento oficial, con el atenuante de dilaciones indebidas -la excesiva tardanza en juzgar los hechos actúa a favor del acusado-. La pena son cinco meses y 20 días de prisión, tiempo al que hay que sumar otros cinco meses por el delito de intrusismo profesional.

El facultativo condenado tenía un título de osteópata expedido por una universidad del Reino Unido, según pudo demostrar en el juicio. Sin embargo, presentó una acreditación falsificada de una universidad de Lima (Perú), que le reconocía como poseedor del título de Medicina y Cirugía. Con esa documentación solicitó al Ministerio de Educación de España la homologación. La Administración admitió esa equivalencia, a partir de los documentos aportados, que contaban con todos los membretes, sellos y firmas necesarios, es decir, perfectamente falsificados. También pasó el trámite de la colegiación. Con la homologación reconocida, el condenado fue al Colegio de Madrid solicitando la colegiación.

Inscrito y colegiado en la capital, el abogado de los servicios jurídicos de la corporación madrileña, Carlos Hernández, reconoce que empezaron a sospechar: "Logró obtener su alta como colegiado durante unas semanas, hasta que la Policía averiguó la existencia de una red de falsificación de títulos, lo que llevó a poder conocer que el título empleado en la homologación y colegiación referida no figuraba en el registro del archivo general de graduados y titulados de la referida universidad, y que el origen del mismo correspondía a una imitación efectuada por un tercero, previo pago de un precio".

Efectivamente, la sospecha llevó a abrir una investigación a solicitar a la universidad peruana que comprobara la veracidad de la titulación. El secretario general del centro respondió al requerimiento informando de que el título de médico y cirujano del imputado en ese momento no figuraba registrado en los archivos de la Unidad de Matrícula, según recoge el fallo.

La defensa del médico en todo el proceso se centró en que la actividad que publicitaba en su consulta era medicina osteopática. Sin embargo, en las conclusiones del fallo, el juez recoge que "el acusado ejerció como licenciado en Medicina, especializado en Neurología, en una consulta abierta al público en Majadahonda, lo cual no obsta que para salvar su responsabilidad de cara a los controles de las autoridades competentes [...] incluyera en su publicidad algunos acrónimos y abreviaturas, y que adjetivara la medicina como osteopática y la neurología como funcional".

Contra la Salud Pública
También un delito de intrusismo profesional ha sido el impuesto por el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid a un facultativo con consulta en la capital. En el juicio se personaron más de una docena de pacientes, que reclamaron por daños derivados de la prescripción de medicamentos que realizó el acusado. Quedó demostrado que el impostor indicó cápsulas que contenían la hormona T4 y Tiratricol, para tratamientos fundamentalmente de adelgazamiento, lo que le valió otra condena por un delito contra la salud pública, y por lesiones cometidas por imprudencia grave.

El falso médico ejercía con un título manipulado de la Universidad de Granada, que le ayudó a colegiarse en Baleares y Cuenca. El delito de falsedad de documento público mereció un juicio por separado en el Juzgado de lo Penal de Cuenca, terminando en una condena dictada en octubre de 2003. Así, como cosa juzgada, el juez de Madrid no entra a dirimir sobre este asunto, centrando la investigación en las actuaciones del condenado.

El juez considera probado que "el acusado realizaba pruebas diagnósticas, análisis de sangre que interpretaba, y prescribía a sus pacientes la medicación [...] y que se presentaba ante sus clientes como médico, es decir, como licenciado en Medicina debidamente colegiado, sin serlo en realidad".

Para testificar sobre la actividad del imputado, el juez se encontró con numerosos testimonios: todos pacientes. De este modo, se desmontó la estrategia de la defensa centrada en defender que el imputado "no actuaba como médico, sino como homeópata".

La sentencia es especialmente dura y detallada en lo referente a la actividad prescriptora del supuesto médico. El perito judicial señala que los fármacos indicados (cápsulas que contenían la hormona T4 y Tiratricol) "no deben emplearse en curas de adelgazamiento por los graves riesgos para la salud que su empleo conlleva".

El juez señala que "el uso de las sustancias analizadas es potencialmente generador de un riesgo colectivo, si se elaboran y dispensan en las dosis y con la finalidad con que lo hizo el acusado". De este modo, concluye el juez que el acusado ha cometido un delito de atentado contra la salud pública, que recoge el 359 y siguientes del Código Penal.

Además, ha sido condenado por cuatro delitos de lesiones cometidas por imprudencia grave en relación a cuatro pacientes. El fallo recoge que "el suministro por parte del acusado de preparados con Tiratircol y Tiroxina T4 les causaron diversas lesiones que precisaron para curar de tratamiento con hormonas tiroideas, en los tres primeros casos, y reposición de nivel de sodio con estancia hospitalaria, en el cuarto".

En las condenas penales de los dos impostores se suman los años derivados de cada delito, de modo que las penas de cada uno se elevan a más de un año de cárcel.

Cinco casos abiertos por el colegio

La asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Madrid lleva la dirección letrada de las acusaciones por intrusismo profesional, que compete a los colegios profesionales, según establece el artículo 5.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y el artículo 14 de la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, según indica Carlos Hernández, abogado de la asesoría jurídica del colegio madrileño, mantienen cinco procedimientos penales abiertos por intrusismo, "algunos dirigidos contra una red de clínicas ilegales abiertas por extranjeros, no médicos, en la comunidad".