Intrusismo en Sanidad

10-04-2013 - www.diariodeavisos.com
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En Tenerife se está desaorrlando un juicio contra un supuesto sanitario que se hacía pasar por ginecólogo para abusar de las mujeres que acudían a su consulta.

En estos días está tristemente de actualidad un caso extremo de intrusismo médico que ha superado todas las fronteras, no sólo las deontológicas que atañen a todo el personal sanitario, sino también las legales. Nos referimos al juicio que se desarrolla en Tenerife contra un supuesto sanitario que se hacía pasar por ginecólogo para abusar de las mujeres que acudían a su consulta.

No obstante, y muy a nuestro pesar, éste no es el único caso de intrusismo médico que ha llegado a los tribunales y que ha tenido consecuencias dramáticas, por ello los representantes públicos debemos tomar conciencia de la importancia de contar con un marco normativo mucho más riguroso y estricto que delimite las funciones propias de cada especialista y que persiga con mayor dureza, rapidez y eficacia, los casos, como el que acabamos de mencionar. Situaciones en las que una persona ejerce la medicina sin la cualificación necesaria.

Queremos aquí aclarar que hay dos tipos de intrusismo, el que se ejerce entre profesionales sanitarios sin la preparación específica que necesitan para realizar determinadas funciones; y en el que incurren señores que no tienen ningún tipo de título. Nos referimos a médicos que ejercen de especialistas sin tener la formación requerida, pero también a personas que ofrecen métodos milagrosos para curar enfermedades que utilizan una publicidad engañosa.


Debemos luchar contra ambas, porque ellas son la causa de una tasa de morbilidad muy importante. Para ello debemos procurar además la complicidad del Gobierno central, Comunidades Autónomas, colegios profesionales y los medios de comunicación, para que controlen los anuncios falsos que venden productos milagros y que promocionan la pseudociencia.

Precisamente, también hace poco tiempo, todas las fuerzas con representación en el Senado apoyaron una moción del Partido Popular, que nosotros defendimos, en la que instamos al Gobierno central a cubrir el vacío legal existente en el marco de la cirugía estética. Circunscribir esta moción al ámbito de esta especialidad no es baladí, pues en las últimas décadas el número de ciudadanos que deciden someterse a una intervención con fines exclusivamente estéticos es cada vez mayor.

De hecho, según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, España está entre los diez países con más demanda en este campo. La crisis económica ha hecho que este tipo de intervenciones se reduzcan un 40%, pero este dato no tiene que implicar una reducción de la demanda en la misma proporción, pues también es posible que ésta se haya desviado hacia los que practican el intrusismo.

Lejos de las cifras estadísticas, e independiente de si son 1.000 o 2.000 las intervenciones que se llevan a cabo al año, la realidad es que hace falta un marco legal mucho más preciso que dé la máxima seguridad a todos y cada uno de los actos médicos que se realizan en este país.

No obstante, somos conscientes de que la legislación actual adolece de carencias notables relacionadas con la delimitación de competencias. Por ello, para nosotros resulta fundamental diseñar una regulación expresa que prevenga el intrusismo, de garantías sanitarias y de calidad a los usuarios y blinde las competencias profesionales de los médicos.

Un ejemplo en el que podríamos fijarnos es Francia, país en el que se ha apostado de manera decidida y clara por el control de las prácticas estéticas para ganar eficiencia y seguridad.

En la moción aprobada en el Senado esta semana pedimos al Ministerio de Sanidad, Política Social y Consumo que establezca por ley los actos médicos propios de cada especialidad, especialmente los concernientes al ejercicio de la Cirugía Estética. Asimismo, esperamos que se establezca un marco en el que se regulen las características que deben reunir los establecimientos autorizados para realizar intervenciones de cirugía estética con el principal objetivo de prevenir el intrusismo.

Por último, desde el Senado pedimos al Ejecutivo central que considere dentro del desarrollo de la citada regulación la excepcionalidad de profesiones como Cirugía Máxilofacial, Estomatología, Otorrinoralingología, Oftalmología, Ginecología y Obstetricia y Urología; cuyas prácticas médicas suelen tener componentes reparadores y estéticos.

Todo ello para evitar que personas sin cualificación realicen operaciones para las que no están preparadas y que, en algunas ocasiones, provocan daños difícilmente reparables o el fallecimiento del paciente. En definitiva, lo que buscamos es un marco que aporte mayor seguridad al sector y a los ciudadanos.

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